Las mujeres que
resisten a los
neoparas en La Guajira
Diversos grupos neoparas siguen sembrando el terror en La Guajira. Las mujeres de "Tejiendo Paz" quieren reunirse con su victimario para conocer la verdad sobre la masacre de Bahía Portete y poder retornar. Crónica.
"¿Sabes que cogieron a Pablo?", le pregunta Valentina a una vecina. El día que llego a Riohacha es la noticia principal, y no ha escapado la atención de esta niña de pelo rizado y ojos despiertos. Solo tiene 5 años pero ya sabe quién es el responsable de la muerte de varias de sus tías abuelas en Bahía Portete el 18 de abril de 2004. La masacre fue cometida por un grupo de entre 40 y 50 paramilitares Frente Contrainsurgencia Wayuu, que formaba parte del Bloque Norte, acompañado de informantes locales y de hombres con prendas del Ejército colombiano. Cuatro de las seis víctimas mortales fueron mujeres. Todas eran familiares de Telemina Barros Fince, la madre de Valentina.
La masacre de Bahía Portete, en el municipio de Uribia en la Alta Guajira, provocó un desplazamiento masivo de la comunidad. Muchos terminaron en Maracaibo, Venezuela, y todavía no han podido retornar por temor al grupo, que nunca se desmovilizó y continúa operando en la región. Después de los hechos violentos, Telemina y su hermana, Débora Barros Fince, fundaron la ONG Wayuu Munsurat - Mujeres Tejiendo Paz.
El 15 de noviembre pasado fue capturado el jefe Arnulfo Sánchez González “alias Pablo” cuando se movilizaba en una camioneta en el norte de Bogotá. Las mujeres inmediatamente pidieron una reunión con el líder paramilitar. El también conocido como el “señor del desierto” nació en Nunchía, en el Piedemonte Llanero. En 1996 fue empleado de la Contraloría Municipal de Yopal y luego inició una relación con el Bloque Norte. “Con Pablo se tiene la esperanza de que se sepa dónde están los desaparecidos y por qué se perpetró la masacre de Bahía Portete”, afirma Telemina.
Carmen Fince, la madre de Telemina y Débora, es una mujer con porte de bailarina y pómulos altos. Asegura que no tiene miedo de reunirse con el victimario de sus familiares. Ella y sus hijas irradian mucha fuerza, una herencia de sus madres, tías y abuelas wayuu. Las mujeres wayuu tienen un estatus alto en sus comunidades. En este pueblo matrilineal, la pertenencia a un clan determinado y a un cierto territorio se define a través de la línea materna. Además, las mujeres muchas veces son mediadoras entre el mundo de los wayuu y el mundo externo.
La violencia paramilitar ha empujado a las mujeres a organizarse, reclamar justicia para sus muertos y luchar por los derechos colectivos del pueblo wayuu. Eso no significa que no hayan sentido temor: “Estuvimos con mucho miedo cuando se hicieron las primeras denuncias, pero si no nos enfrentábamos a la realidad de los paramilitares, la masacre y el desplazamiento quedarían en impunidad. Yo creo que el valor y la fortaleza que teníamos fue el que nos hayan asesinado a mujeres”, afirma Telemina.
A pesar de numerosas denuncias y advertencias, alias Pablo seguía moviéndose por la Alta Guajira durante más de seis años y medio, sin que ninguna autoridad lo detuviera. “Decían que Pablo era un mito, y el mito está hoy en día capturado”, comenta Telemina. “Y quizá capturado por tanta presión. Porque yo creo que hasta los mismos funcionarios y el Estado lo protegían a él”.
La masacre
Carmen Fince estaba regresando de un pueblo vecino el 18 de abril de 2004, cuando un hombre le paró en el camino y dijo que los paramilitares al parecer se habían llevado a sus hermanas. Le advirtió que no debería ir a Bahía Portete porque la estaban esperando para matarla. Carmen tuvo que retornar e intentó comunicarse con los jefes paramilitares para rogarles que soltaran a sus familiares, pero fue en vano. Lo único que logró fue el permiso para recoger a sus muertos – los que no habían desaparecido.
Un día antes, un sargento del Ejército del Batallón Cartagena, conocido como “Felipe”, había transportado al grupo de paramilitares desde Carraipía hasta la Alta Guajira, a la ranchería de José María Barros. Esto según el informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, llegaron en dos carros, uno particular y el otro de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional, con los cuales lograron pasar varios retenes militares.
Vicente Gutiérrez, el sobrino de Carmen, es un hombre corpulento, de voz pausada. Cuenta que ya sabía lo que venía esa mañana del 18 de abril. El trató de convencer a su madre, Margoth Fince Epinayú, de que huyera con él. Pero ella, con sus 70 años, contestó que era más importante que se salvaran los más jóvenes. Se quedó esperando los paramilitares, mientras que Vicente huyó hacia Venezuela con otros familiares.
Los paramilitares cogieron a Margoth Fince, autoridad de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales de Bahía Portete, la amarraron de brazos y pies, agredieron su cuerpo brutalmente con hacha y machete, le dispararon y la dejaron bocabajo cerca de su casa en un cerro. Ahora, en casa de Carmen, Vicente expresa su gratitud con las mujeres y en particular con su madre: “Las mujeres han sido muy valientes, muy valerosas. Han expuesto sus vidas por nosotros. Yo les debo la vida a las mujeres, por eso estoy aquí ahorita. Yo me acuerdo de las palabras de mi mamá: ‘Sálvese mijo, es mejor que yo me muera’ ”.
Además de Margoth fueron asesinados Rosa Fince Uriana, Rubén Epinayú, Diana Fince Uriana y Reina Fince Pushaina. Las dos últimas aun se encuentran desaparecidas. Hubo dos personas calcinadas en un carro que no se han podido identificar. Las casas, la escuela, el centro de salud y el cementerio, todos espacios fundamentales para la vida de la comunidad, se convirtieron en un escenario de terror.
Las mujeres que murieron eran líderes que se habían enfrentado con los paramilitares, asegura el Grupo de Memoria Histórica. Los agresores buscaron golpear los liderazgos internos de los wayuu al quebrantar los roles públicos de las mujeres, a la vez que difundieron terror en la comunidad. Pretendieron convertir a las mujeres, a través de la violencia sexual, en un medio para herir el honor de los hombres wayuu. Atrás de la violencia también había – y sigue habiendo - un interés en el territorio, y particularmente en el puerto artesanal, muy atractivo para el contrabando y el narcotráfico.
Débora Fince era la inspectora de Policía de Uribia cuando sucedió la masacre. Durante el lanzamiento del informe del Grupo de Memoria Histórica en septiembre, contó cómo vivió los acontecimientos. La abogada había avisado a la Fuerza Pública tres días antes sobre el riesgo que corrían en su territorio, pero no recibió ningún apoyo. “¿Cómo me iba a acompañar el Batallón Cartagena, si también participó en la masacre de mi familia?”. Aseguró que tanto el Alcalde de Uribia en aquel entonces, Marcelino Gómez, como el Gobernador, José Luis González Crespo, fueron cómplices de los paramilitares. La razón que dio el Batallón Cartagena para no acudir a las víctimas en Bahía Portete fue que estaba prestando seguridad al entonces presidente Álvaro Uribe, quien visitaba la Alta Guajira.
“El ex Presidente iba a inaugurar el parque eólico, mientras que mi familia fue masacrada. Y nadie dijo nada. El silencio fue total”. El Grupo de Memoria Histórica de la CNRR critica la negligencia institucional frente a la masacre. Tanto por la falta de respuesta frente a los llamados de alerta de la comunidad como por el retiro de las tropas días antes de la masacre, la libre circulación de vehículos de los paramilitares por retenes militares y la presencia de hombres presuntamente militares durante la tragedia.
La masacre de Bahía Portete no ha sido la única en La Guajira. Gracias a las declaraciones de los ex paramilitares ante la Fiscalía y las denuncias de las víctimas, se ha logrado consolidar información sobre 69 masacres cometidas en el departamento.
¿Advertencias no escuchadas?
El 15 de noviembre de 2010, el día de la captura de “alias Pablo”, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, afirmó que era “una gran noticia para las gentes de bien de La Guajira, que venían reclamando acciones efectivas para neutralizar el poder violento y corruptor de alias Pablo…La orden a nuestra Policía y nuestras Fuerzas Militares es arreciar contra estas bandas criminales”.
Según el coronel Héctor Cruz, comandante de la Policía Departamental de la Guajira, “alias Pablo” ha mantenido una hegemonía en la Alta Guajira, además de controlar las extorsiones en Maicao y Riohacha. El coronel afirma que alcanzaría a tener una red de más o menos 200 personas. Mantenía cierta rivalidad con la banda criminal de Urabá o los Urabeños y los Rastrojos. La demora para capturar el jefe paramilitar lo explica con las dificultades de las autoridades de acceder al territorio donde se encontraba este.
“Sobre la costa hay una serie de lugares que no son de fácil acceso ni por tierra ni por aire. La misma vegetación la protege”. El comandante de la Policía agrega que alias Pablo ha sido protegido por comunidades wayuu – algunas por temor y otras por simpatía. Lamenta que no hay una cultura de denuncia en La Guajira, según él debido a ciertas costumbres wayuu: “Los wayuu por tradición no denuncian a nadie, porque en la cultura wayuu no existe la responsabilidad individual. Si una persona denuncia, es como si denunciara todo el clan”.
La Policía ha registrado un incremento del 21% de homicidios en La Guajira este año, lo cual se relaciona con el enfrentamiento de las bandas criminales por el control territorial. La Defensoría del Pueblo en La Guajira coincide con La Policía en que hay un incremento en violencia. Sin embargo, Fernando López Suárez, el Defensor regional, afirma que la violencia no puede ser reducida a episodios aislados protagonizados por la simple delincuencia y criminalidad organizada. Se trata de verdaderos grupos armados ilegales que con estructuras más móviles, flexibles y descentralizadas están causando un profundo daño a la población: Asesinatos selectivos de tenderos, comerciantes, mototaxistas, líderes sociales y personas socialmente estigmatizadas. Y amenazas, intimidaciones y hostigamientos contra líderes de población desplazada, víctimas del conflicto armado y líderes sociales, entre otros.
Existe una disputa entre el Frente Contrainsurgencia Wayuu y las Águilas Negras en el municipio de Uribia, donde se encuentra Bahía Portete, según la Defensoría. Ambos grupos mantienen un gran arraigo local y ostentan una amplia autonomía. El órgano de Derechos Humanos está preocupado por la difícil situación que enfrentan habitantes de comunidades indígenas en la zona y los integrantes de Wayuu Munsurat.
El coronel Héctor Cruz, por su lado, niega tener conocimiento de amenazas a la organización y afirma que no hay ninguna situación que impide el retorno a Bahía Portete. Asegura que la Policía está reforzando sus actividades en la región después de la captura de alias Pablo, pero agrega que la violencia se debe fundamentalmente a un conflicto entre familias: “Si no se supera el enfrentamiento de las dos familias que históricamente han tenido problemas en ese sector, cualquiera de ellas puede inventar otro grupo, o puede inventar una amenaza o puede inventar alguna situación para mantener, como hasta ahora ha sido, a unos y otros por fuera del territorio”.
El Grupo de Memoria Histórica critica la forma como la masacre ha sido reducida a una guerra de familias: ”Estas versiones (…) silencian el sentido político e intencionado de la masacre y obedecen en gran medida a los estereotipos raciales y subvaloración de las afectaciones que vive el pueblo Wayuu”.
Fernando López, por su lado, se queja de que la mayoría de las instituciones de seguridad y orden público en La Guajira le ha restado credibilidad a las advertencias de la Defensoría. Está convencido de que se podrían haber evitado muchas muertes si estas hubieran sido escuchadas antes.
Mujeres perseguidas
“Hoy tenemos que caminar con escoltas. Eso no es vida”, afirma Débora Barros. La masacre, el desplazamiento y la persecución han cambiado profundamente la vida de las dirigentes de Mujeres Tejiendo Paz. Están obligadas a trasladarse en un carro blindado, con guardaespaldas armados. Esto es la protección ofrecida por el Ministerio del Interior, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a finales de 2004 otorgó medidas cautelares a diez miembros de la comunidad y le solicitó al Estado colombiano garantizarles su vida e integridad física.
Las mujeres siguen trabajando en medio del incremento de la violencia en La Guajira, que este año ha acabado con la vida de líderes sociales como Luis Socarrás y Juan Carlos Arredondo. La ONG ha sufrido una serie de amenazas y hostigamientos como consecuencia de sus actividades de denuncia pública y de conmemoración de la masacre. Betty Granadillo, una de sus integrantes, recuerda que recibió un mensaje de texto en abril, un día antes del sexto aniversario de la masacre, que decía “!Te vas a morir, quédate callada!”.
El clima amenazante se refleja en un grafiti que hay a media cuadra de la oficina de la organización, donde se puede leer “AGC-P”: es decir, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Cuando llego a la sede, en un barrio popular de Riohacha, me cuenta Betty que hace un mes casi les hicieron un atentado cuando estaban reunidos en el patio. Llegaron dos motos, y con ayuda de la Policía pudieron comprobar que los choferes estaban armados.
Las amenazas también toman la forma de grafiti en Bahía Portete. El Grupo de Memoria Histórica afirma que es otra forma de violencia sexual. Aparecieron figuras de mujeres violadas por la boca, la vagina y el ano en la casa de una de las mujeres asesinadas. Posteriormente han aparecido amenazas directas a mujeres lideres con referencia a diferentes formas de violación y tortura sexual.
Paz es la libertad de andar por los caminos
Cuando Telemina, Débora, Carmen y Vicente viajaron a buscar una reunión con “alias Pablo” en Bogotá, su objetivo principal era saber la verdad sobre la masacre. “Esperemos que Pablo nos diga quiénes son los funcionarios y los políticos que tuvieron que ver con la masacre de Bahía Portete, y quienes estaban atrás de las persecuciones de las líderes de la comunidad”, dice Telemina.
Pero “alias Pablo” finalmente no los atendió. En plena audiencia de indagatoria sobre la masacre se declaró enfermo. Sin embargo, las mujeres siguen esperando una cita con el principal responsable de la tortura, asesinato y desaparición de sus familiares. Piden que no sea extraditado hasta contar lo que sabe y confesar lo que ha hecho.
La importancia de la verdad para superar el conflicto armado en Colombia es resaltada por Weildler Guerra, quien agrega que falta algo importante: “En todo este proceso de justicia y verdad falta la declaración del más poderoso actor: el Estado colombiano. Ese es el único que no ha ido a confesar, a contar su verdad y decir: ‘Yo hice esto, esto y esto’. Se pone como un árbitro entre la guerrilla y los paramilitares, cuando él ha sido el gran auspiciador de uno de los grupos. Esa es la verdad”.
Además de esclarecer los hechos, lo que buscan Mujeres Tejiendo Paz es volver a Bahía Portete. “El territorio es nuestra identidad. El territorio es nuestra vida. Es lo que nos genera paz y fortaleza”, dice Telemina. El desplazamiento significó no poder andar por ese paisaje de horizontes amplios de mar y desierto donde criaban hijos, pastoreaban animales, pescaban y comerciaban sus productos. Atrás quedaron los mejores recuerdos: “Nosotros caminábamos desde la casa de mi tía Ocha, desde la casa de nosotros, hasta donde estaba mi abuelo, que es un espacio como de hora y media”, cuenta Telemina. “Temprano, a veces con el sol caliente… nos bañábamos en los jagüeyes, sin ningún problema de que nadie nos fuera a atacar. Podíamos andar libremente por el territorio”.
La libertad de andar por los caminos es para Weildler Guerra la definición de la paz. El antropólogo explica que hay tres valores fundamentales para los wayuu: La paz, la libertad y la vida. Los tres han sido gravemente afectados por el conflicto. Sin recuperarlos, el regreso a Bahía Portete será difícil. Un factor fundamental es acabar con los grupos armados ilegales que siguen operando en la zona. “La captura de alias Pablo representa una tranquilidad. Ahora el reto para el Gobierno es desmantelar definitivamente esa organización irregular que se tomó La Guajira” afirma Fernando López.
Mujeres Tejedoras de Paz comparten esta visión. Sin embargo, están seguras de que van a retornar. En esa lucha las acompañan los espíritus de sus familiares muertos, dice Carmen Fince: “Los espíritus están vivos para nosotros. Son los que han luchado con todo y van a seguir luchando hasta no terminar todo este proceso. Hasta cuando retornemos, ellos continúan. Ellos mismos lo manifiestan en sueños, donde estemos nosotros están ellos con nosotros”.
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