Por Yukyan Lam
Las escoltas no detuvieron a la estudiante de veintitantos años, quien se acercó al ex Presidente Álvaro Uribe para entregarle un papel. Es una orden que lo llama a declarar en el caso civil contra la potencia minera Drummond. El ex Presidente levanta las manos y rechaza la citación, dejándola caer a sus pies. “¡No, no, no!” grita Uribe, según testigos.El incidente se origina en el caso civil presentado en EE.UU. contra la empresa estadounidense por familiares de víctimas asesinadas por el Bloque Norte de las AUC. Entre los testigos claves, la demanda identifica a Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupos, alias “Jorge 40”, Rafael García, ex jefe de informática del DAS. Identificó también al ex presidente Uribe. Así, el 26 de octubre el tribunal federal de Alabama concedió la solicitud de los demandantes de citar a Uribe para que prestara una declaración juramentada.
Desde la notificación, tanto Uribe como el Gobierno colombiano han intentado evadir la orden. Uribe denunció que la forma en que fue notificado constituyó una agresión. Luego, el embajador Gabriel Silva Luján solicitó la “inmunidad soberana” –la inmunidad de jefe de Estado— para el ex mandatario, para impedir que declare en el caso. El 22 de noviembre, día de la citación, Uribe no apareció.
Mientras el Departamento del Estado delibere sobre la solicitud de inmunidad, y la corte a su vez decida aceptar el concepto de éste o no, nos surge la pregunta: ¿A qué le teme Uribe?
No se trata de un caso contra Álvaro Uribe, ni civil, ni penal. Los demandantes solicitan que el tribunal declare la responsabilidad de Drummond en las ejecuciones extrajudiciales y que decrete la obligación de reparar los daños causados. Tampoco se trata de la etapa de juicio del caso, sino de la etapa previa al juicio, en la cual se buscan pruebas pertinentes.
Según la demanda, Uribe tiene conocimiento relevante para el caso dado su rol instrumental, cuando fue Gobernador de Antioquia, en el establecimiento de los Convivir y la creación de los primeros grupos paramilitares. Sin embargo, al declarar, Uribe tendría toda la libertad de negar esta y cualquier otra afirmación (siempre que sea la verdad).
Además, tendría los mismos derechos de cualquier otro testigo estadounidense, los cuales incluyen los derechos de tener su abogado presente, de objetar preguntas no pertinentes para el caso, y de no incriminarse –es decir, podría guardar silencio si la respuesta lo incriminara penalmente en los Estados Unidos (pero no podría negarse a responder si implicara la responsabilidad penal solamente fuera de ese país).
En fin, prestar la declaración no le restaría capacidad para negarlo todo, si así son las cosas –pues si no tiene información pertinente, que lo diga. Incluso, al demostrar su inutilidad para el caso, los demandantes podrían tacharlo de su listado de testigos y así evitar que se pierda más tiempo durante la etapa de juicio.
Pero parece que Uribe no quiere esta oportunidad. Y el Gobierno colombiano tampoco. Así, es difícil no preguntarse: ¿A qué le tienen miedo?
Como se dice, una acción vale más que mil palabras.
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